En un comunicado emitido el 8 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron al cese de las detenciones en Venezuela para permitir un clima adecuado para el desarrollo de elecciones libres el próximo 28 de julio.
Según la CIDH y la RELE, al menos 50 personas, incluidos integrantes de campañas de oposición, sindicalistas, activistas y periodistas, han sido detenidas en lo que va del año 2024. Además, se clausuraron diez locales comerciales utilizados para reuniones de campañas opositoras y se retuvieron comitivas de la oposición en controles viales.
Se mencionó también el cierre de medios de comunicación y el desequilibrio en emisoras de radio y televisión para promover propuestas electorales.
La CIDH y la RELE consideran que estos actos no son eventos aislados, sino que forman parte de un patrón de persecución destinado a desalentar la participación política de la oposición y la población en general. Estos hechos, según las organizaciones, constituyen ataques a la democracia y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión con el objetivo de mantener al partido de gobierno en el poder.
Las organizaciones emplazaron al gobierno actual a comprometerse con la democracia, lo que implica garantizar la separación de los poderes públicos, poner fin a la persecución política, respetar las libertades de expresión e información, así como asegurar la participación política de la oposición en condiciones de igualdad.
El pasado 4 de julio comenzó formalmente la campaña electoral en Venezuela. Ese mismo día, mientras el chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática realizaban movilizaciones en Caracas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró una emisora de radio en el estado Guárico y se bloquearon los portales de verificación Cazadores de Fake News y Espaja.com.
ONG reportaron la detención de 15 dirigentes políticos en estados como Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Lara, que estaban haciendo proselitismo a favor del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. Aunque posteriormente fueron liberados, la policía les confiscó sus equipos de sonido para promocionar a su candidato.
La CIDH y la RELE también demandaron que en el contexto electoral se garantice el máximo nivel de circulación e intercambio de ideas, opiniones e información sobre los candidatos y sus propuestas, principalmente a través de los medios de comunicación, para fomentar un debate democrático.
Esta entrada ha sido publicada el julio 9, 2024 9:45 am
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