PCV califica de «lesiva a la soberanía nacional» la política petrolera de Maduro

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), reconocido por su postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro, ha tildado la política petrolera del chavismo como «lesiva a la soberanía nacional».

Neirlay Andrade, miembro del buró político del PCV, denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un aliado de Chevron y del capital transnacional, perjudicando a la nación y sometiendo a los trabajadores de la industria petrolera a condiciones deplorables. Esta crítica se da en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el PCV apoya a Enrique Márquez como candidato.

A pesar de la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el PCV y la imposición de una directiva que respalda a Maduro, Andrade insiste en que la concesión de Chevron para operar en el país viola la Constitución, aunque no especifica los puntos exactos que considera transgredidos.

Soberanía comprometida en Guayana

La dirigente comunista también señaló que esta problemática se extiende a las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar, donde capitales transnacionales obtienen grandes ganancias mientras los trabajadores viven en condiciones precarias y se les impide reincorporarse a sus puestos de trabajo, bajo la figura de trabajadores desactivados.

En abril pasado, Estados Unidos revocó parcialmente las restricciones a la exportación de petróleo y gas venezolano, impuestas seis meses antes como respuesta a lo que consideran incumplimientos electorales del Gobierno venezolano.

El Departamento del Tesoro emitió la Licencia 44A, que exige a las empresas extranjeras que deseen hacer negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) solicitar autorizaciones individuales evaluadas caso por caso. Cabe destacar que estas restricciones no afectan las operaciones de Chevron en Venezuela, ya que cuentan con una licencia especial desde 2022.

Recientemente, el Tesoro estadounidense extendió hasta julio de 2025 la autorización para exportar gas licuado de petróleo a Venezuela, medida que había sido aprobada por primera vez en 2021 y renovada anualmente desde entonces.