El Comando Con Venezuela ha denunciado la destitución del alcalde del municipio Ortiz, en el estado Guárico, Franco Geterrana, quien también se desempeña como coordinador local de la campaña electoral del candidato presidencial unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia.
El presidente de la Cámara Municipal, con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Alí Matute, ha asumido el cargo del alcalde destituido. Además, se ha emitido una orden de captura contra Geterrana luego de la visita de la líder opositora María Corina Machado al municipio el pasado 20 de junio.
El abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, ha señalado que la destitución del alcalde y la orden de captura carecen de claridad en cuanto a los procesos legales seguidos y los motivos reales detrás de estas acciones, lo que refleja el uso del derecho en Venezuela para justificar represión política.
Organismos como la Cámara Municipal se han convertido en instrumentos de represión estatal, utilizando el aparato del Estado con fines políticos y represivos durante la campaña electoral. Esta situación ha llevado a la subyugación del alcalde a la represión gubernamental, según el jurista consultado.
El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece los procedimientos a seguir en caso de ausencias temporales o absolutas del alcalde. En el caso del municipio Ortiz, no se han cumplido las condiciones necesarias para declarar una falta absoluta, lo que indica que la destitución del alcalde puede estar motivada por represalias políticas.
Además, se ha omitido la información referente a quién puede suplir al alcalde en casos de ausencia absoluta, lo cual evidencia una vulneración a la ley por parte de las autoridades municipales.
La intervención de organismos judiciales en asuntos políticos, conocida como lawfare, ha generado un activismo judicial que socava la soberanía popular y los derechos de los ciudadanos en Venezuela. La utilización abusiva del constitucionalismo y las leyes por parte del poder político ha dejado a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad jurídica.
Ante las detenciones y destituciones de alcaldes opositores en Venezuela, se plantea la necesidad de abordar la politización del Poder Judicial y garantizar su independencia en un eventual cambio político en el país. La inacción del Consejo Nacional Electoral frente a la soberanía popular y la legitimidad de los representantes electos ha sido señalada como un obstáculo para la democracia en Venezuela.
En resumen, la destitución del alcalde del municipio Ortiz y las acciones judiciales en su contra evidencian un uso indebido del poder estatal para fines políticos y represivos, lo que pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Esta entrada ha sido publicada el julio 17, 2024 11:45 pm
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