
La Asamblea Nacional del año 2020 aprobó el día jueves 15 de agosto la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Esta ley ha sido denominada «antisociedad» por activistas de derechos humanos.
En la plenaria de este jueves, la segunda discusión de la ley, que contempla los supuestos por los cuales una ONG podría ser disuelta o sancionada, pasó sin mayores observaciones por parte de los parlamentarios. La ley consta de 39 artículos distribuidos en cinco capítulos, con causales para disolver una ONG que incluyen actividades que busquen generar desestabilización en el país, promover acciones terroristas u odio, entre otras.
El presidente de la Comisión de Política Interior y jefe de la bancada del Psuv, Diosdado Cabello, solicitó la modificación del artículo 23 para incluir prohibiciones adicionales a las organizaciones, como la prohibición de recibir financiamiento de partidos políticos o de fuentes vinculadas al terrorismo. Esta modificación fue aprobada nuevamente y Cabello argumentó que algunas ONG financian hechos de terrorismo en el país.
El artículo 30 de la ley establece la suspensión indefinida del funcionamiento de las ONGs por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en caso de que incurran en prohibiciones señaladas en la ley. Las ONGs con domicilio en el extranjero que pretendan operar en el país también están sujetas a la ley y a los mecanismos de control establecidos.
La ley contempla multas para las ONGs que incumplan con ciertas obligaciones, como falta de registro, notificación de financiamiento, entre otros. Las multas pueden ser de entre 100 y 1,000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda, y en caso de reincidencia, el monto aumenta. También se prevén sanciones civiles y penales, incluidas las contempladas en la Ley contra el terrorismo.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el impacto negativo que estas leyes podrían tener en los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Instó a las autoridades a no adoptar leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país.
La Ley de Fiscalización de ONGs es una medida controvertida que ha generado críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. Su impacto en las actividades de las ONGs y en la sociedad civil de Venezuela será objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales.
Esta entrada ha sido publicada el agosto 17, 2024 6:15 am
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