Por primera vez en la historia de Venezuela, la designación del Presidente de la República dependerá de un fallo judicial, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024. Sin embargo, el CNE ha sido cuestionado por la falta de transparencia en la presentación de los resultados y la publicación de las actas de escrutinio.
Ante esta situación, Nicolás Maduro acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la intención de que se “certifique” su elección, generando dudas sobre la legalidad de este recurso y las intenciones del régimen.
El recurso contencioso electoral es un mecanismo para impugnar los actos del CNE y restablecer situaciones jurídicas lesionadas en el proceso electoral. Acceso a la Justicia, una organización que monitorea el estado de derecho en Venezuela, ha analizado las implicaciones legales de este caso.
Según la asociación, el recurso contencioso electoral no tiene la finalidad de certificar los resultados de una elección ya proclamados por el CNE, lo que genera controversia en torno a la actuación de Maduro ante el TSJ.
Acceso a la Justicia también ha señalado que la Sala Electoral carece de jurisdicción hasta que el CNE concluya con el proceso de totalización, adjudicación y proclamación del ganador de las elecciones presidenciales. A pesar de los boletines emitidos por el CNE, el proceso electoral aún no ha finalizado según la ley.
La exmagistrada Cecilia Sosa Gómez ha criticado la actuación de la Sala Electoral, cuestionando su competencia para certificar los resultados electorales sin la conclusión del proceso por parte del CNE.
Para algunos actores políticos, la actuación de Maduro ante el TSJ busca validar los resultados electorales que lo proclaman como ganador, ocultando las actas electorales. Esto ha generado preocupación entre los partidos postulantes y candidatos, que denuncian un estado de indefensión y ocultamiento de información por parte del CNE y el TSJ.
En resumen, la decisión del TSJ en este caso podría tener repercusiones significativas en el sistema democrático de Venezuela, generando dudas sobre la transparencia y legalidad de las elecciones presidenciales de 2024.
Esta entrada ha sido publicada el agosto 19, 2024 1:15 am
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