El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a 11 países americanos de ser cómplices violentos por no reconocer la proclamación del mandatario en las elecciones presidenciales del 28 de julio. A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la victoria de Maduro, gran parte de la comunidad internacional sigue cuestionando estos resultados.
En un comunicado oficial, el gobierno chavista rechaza de manera enérgica las declaraciones de los gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos países denunciaron que el TSJ intenta validar los resultados electorales sin un respaldo sólido.
Según el gobierno venezolano, estos países están violando el derecho internacional al inmiscuirse en asuntos que solo competen a los venezolanos. Además, se les acusa de avalar y ser cómplices de la violencia criminal generada durante las protestas poselectorales, responsabilizando a la oposición por desatar esta situación, incluyendo el uso de bandas criminales transnacionales contratadas con ese propósito.
El comunicado oficial de Venezuela exige respeto a su soberanía e independencia y rechaza cualquier intento de imponer una política de cambio de régimen por parte de los gobiernos mencionados. Asimismo, asegura que se enfrentarán a todas las acciones que intenten llevar a cabo estos países a través de sus gobiernos contra el pueblo venezolano.
Por otro lado, los gobiernos de los once países han expresado su escepticismo sobre la verificación de los resultados realizada por el TSJ, así como por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas instituciones controladas por personas afines al chavismo. Estos países han manifestado su desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, debido a la falta de transparencia en el proceso electoral.