Persisten dudas sobre efectividad de consulta popular para resolver problemas comunitarios

El próximo domingo 25 de agosto se llevará a cabo la segunda Consulta Popular Nacional impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. Este proceso busca ser una nueva forma de ejercer la democracia directa junto a las comunidades, en medio de una crisis política en Venezuela que ha generado cuestionamientos a nivel nacional e internacional sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio.

En esta consulta, la ciudadanía tendrá la responsabilidad de elegir proyectos que representen posibles soluciones a los problemas de sus comunidades, proyectos que tradicionalmente han sido competencia de las alcaldías y gobernaciones. Se espera que, tras los resultados, el Estado transfiera los recursos directamente a las comunas y consejos comunales para la ejecución de los planes.

La primera votación de este tipo se realizó en abril de 2024 y fue considerada como un ensayo para fortalecer la maquinaria chavista antes de las elecciones presidenciales. En esa ocasión, se aprobaron 27.000 propuestas en todo el país.

El presidente Maduro afirmó: “Venezuela tiene su propio modelo de democracia, nosotros lo estamos construyendo. No necesitamos intervención. Venezuela tiene Poder Popular, tiene Constitución, leyes, y, el 25 de agosto, ahí estará el pueblo votando”.

Algunos críticos, como la socióloga Mirla Pérez, dudan de que este tipo de instrumentos promueva una mayor democracia en el país. Consideran que el sistema comunal, creado durante la gestión de Hugo Chávez, fomenta la dominación de la vida pública.

En la consulta de abril, Miguel Sánchez, líder comunitario, expresó su escepticismo ante la aprobación de proyectos que no resuelven las necesidades reales de la comunidad, como las fallas de agua en su sector.

La estructura de la consulta popular busca que los circuitos comunales presenten proyectos, que luego son votados para su aprobación. En la práctica, se han aprobado proyectos como la caminería en Maturín, que ya está en marcha bajo la supervisión de la Alcaldía de Maturín.

Según Delsa Solórzano, exdiputada a la Asamblea Nacional, este modelo de democracia busca despojar a las alcaldías y gobernaciones de sus competencias, especialmente en aquellas regiones donde el chavismo no tiene control político.

La investigadora Mirla Pérez señala que el sistema comunal desplaza a las comunidades, al imponer una estructura que favorece al chavismo. La falta de soluciones por parte del Estado ha obligado a las comunidades a asumir roles en la atención de los servicios públicos.

Mientras tanto, Maduro celebra la próxima consulta popular como una instancia de elecciones directas, populares, libres y secretas en 4.505 circuitos comunales, donde se discutirán más de 30.000 proyectos.

Para este proceso se habilitará un centro de votación por cada comuna, y se espera la participación de todas las personas a partir de los 15 años de edad, con la cédula de identidad como único requisito.

Con información de Kevin Meleán.