Existe preocupación entre la dirigencia política, los activistas de derechos humanos y la ciudadanía ante la posibilidad de que la represión del gobierno continúe aumentando en los días previos al 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro planea juramentarse para un nuevo mandato, a pesar de las acusaciones de fraude electoral con la colaboración de los poderes públicos.
Esta inquietud se basa en los más de 1,700 detenidos y al menos 26 muertes ocurridas durante las protestas posteriores a las elecciones. Analistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que es probable que se intensifique la persecución política y los arrestos sin respetar el debido proceso, con el objetivo de evitar cualquier oposición interna al presidente reelecto, sin pruebas que respalden su victoria.
La politóloga Paola Molina Noguera señaló que la decisión del gobierno de llegar al 10 de enero sin plantearse otra opción que mantenerse en el poder se vio reafirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que validó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La ONG Foro Penal ha registrado 1,780 detenciones arbitrarias después de las protestas contra los resultados electorales que proclamaron a Maduro como ganador con el 51% de los votos. Entre los detenidos se encuentran menores de edad, mujeres, militares, dirigentes políticos y periodistas, lo que refleja una situación preocupante en el país.
Según Molina Noguera, la designación de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por parte de Maduro indica una posible radicalización en la persecución política, con el fin de desalentar la disidencia y las manifestaciones callejeras.
El encarcelamiento o exilio de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González, quienes enfrentan investigaciones penales, podría ser un movimiento estratégico del gobierno para sofocar la resistencia a los resultados electorales y mantenerse en el poder.
A pesar de las amenazas, la presión internacional y la movilización ciudadana podrían influir en las decisiones del gobierno en los próximos meses, especialmente en lo que respecta a la situación de los líderes opositores.
Además de la represión, el gobierno busca imponer una aparente tranquilidad a través de iniciativas como la promoción de elecciones parlamentarias y regionales para el 2025, con el objetivo de dividir a la oposición y mostrar una falsa sensación de normalidad en el país.
La resistencia de la oposición y la presión internacional son clave para evitar que el gobierno logre instaurar su narrativa de normalidad y mantener a la población en un estado de pasividad. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea, ha expresado su rechazo a la reelección de Maduro y ha advertido sobre posibles sanciones adicionales.
Esta entrada ha sido publicada el septiembre 1, 2024 2:45 pm
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