Orden de captura contra Edmundo González complica panorama político en Venezuela, según Colombia y Brasil

En un comunicado conjunto, Colombia y Brasil expresaron su preocupación por la orden de captura contra Edmundo González, candidato presidencial en Venezuela. Ambas naciones consideran que esta decisión complica el panorama político en el país sudamericano. La orden de detención fue emitida el 2 de septiembre por una Corte venezolana y ha generado inquietud en la región.

La Cancillería de Colombia compartió la misiva en la que se expresa la profunda preocupación de ambos gobiernos. Se destaca que esta medida judicial va en contra de los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano en el Acuerdo de Barbados, donde se buscaba fortalecer la democracia y promover la tolerancia y convivencia en el país.

Colombia y Brasil enfatizaron que esta orden de captura dificulta la posibilidad de encontrar una solución pacífica a la crisis política en Venezuela a través del diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. Ambos países han manifestado su rechazo a esta medida y han instado a buscar soluciones que promuevan la estabilidad y democracia en la región.

Brasil se pronuncia sobre la orden de captura

Brasil ya había adelantado su postura con respecto a la orden de captura contra Edmundo González. El asesor para política exterior, Celso Amorim, calificó la decisión como preocupante e inaceptable para el Gobierno de Lula da Silva. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, Amorim reiteró que la administración de Nicolás Maduro es considerada autoritaria por Brasil.

El diplomático brasileño también expresó el desacuerdo de su país con la decisión del Ministerio Público venezolano, calificándola como un «arresto político» que no es aceptado por Brasil, que rechaza la existencia de presos políticos en la región.

Motivos de la orden de captura

La orden de captura contra Edmundo González se emitió luego de que el opositor no compareciera ante las autoridades en tres ocasiones, a pesar de ser citado. Se le acusa de diversos delitos como forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir.

Entre las acusaciones está el presunto hecho de publicar actas electorales que demostrarían su supuesto triunfo sobre Nicolás Maduro, actas que no fueron reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que violarían la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Venezuela.