La recientemente emitida orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia ha generado sorpresa y condena por parte de muchos, evidenciando una vez más que la justicia en la llamada V República se mueve rápida según los intereses del poder político.
Tras la elección presidencial del pasado 28 de julio, tanto González Urrutia como María Corina Machado, líder opositora y figura principal de la campaña presidencial de la Plataforma Unitaria, han estado bajo la mira de los organismos aliados del gobierno chavista. Esto, debido a su insistencia en la presentación de actas que respalden la proclamación de Nicolás Maduro como presidente, a pesar de que la oposición señala a González Urrutia como el ganador.
La investigación contra González Urrutia está relacionada con la publicación de una página web en la que la coalición opositora divulga actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales. Estas actas han sido tachadas de “falsas” por el Ejecutivo, desencadenando la orden de aprehensión.
El Ministerio Público, liderado por Tarek William Saab, citó en tres ocasiones a Edmundo González para comparecer ante la Fiscalía y precalificar seis presuntos delitos. Ante la ausencia del diplomático en las citaciones, se emitió la orden de aprehensión, ejecutada rápidamente por el juzgado con competencia en delitos de terrorismo.
El abogado Joel García, defensor de presos políticos, advirtió que González Urrutia podría enfrentar hasta 30 años de pena por los delitos imputados. García denunció irregularidades en el proceso de citación, señalando que la orden de aprehensión no siguió el procedimiento adecuado.
A pesar de superar los 70 años, González Urrutia podría ser sujeto a arresto domiciliario por los delitos imputados. El abogado José Vicente Haro cuestionó las acusaciones del Gobierno venezolano contra su cliente, argumentando la falta de fundamentos legales en las imputaciones.
El fiscal Tarek William Saab afirmó que González Urrutia era un investigado, generando confusión sobre su condición legal. El abogado García destacó que antes de una orden de aprehensión deben cumplirse ciertos pasos establecidos en las leyes venezolanas.
Las acusaciones de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia, entre otros, han sido objeto de críticas por parte de expertos legales. La Fiscalía General de Venezuela ha sido cuestionada por saltarse el ordenamiento jurídico en el caso de González Urrutia.
Esta entrada ha sido publicada el septiembre 4, 2024 2:30 pm
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