Proceso penal contra González Urrutia busca «sacarlo del juego político», dice su abogado

La defensa de Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, ha afirmado que el proceso penal en su contra tiene como objetivo expulsarlo del escenario político para que no pueda hacer valer los resultados reflejados en las actas difundidas por la mayoría antichavista. Este grupo se basa en esos documentos para reclamar la victoria de su candidato en las elecciones presidenciales de julio.

González Urrutia, líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), está siendo investigado por el Ministerio Público a raíz de la publicación, en una página web, del 83,5 % de las actas obtenidas por la alianza a través de testigos y miembros de mesa. Según la oposición, estas actas reflejan la derrota del presidente Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El abogado del líder opositor, José Vicente Haro, defiende la autenticidad y veracidad de las actas y ha expresado que hubiera sido un error que González Urrutia se presentara a las citaciones emitidas por el Ministerio Público, ya que considera que su cliente no cuenta con garantías suficientes para comparecer ante la institución.

Haró también mencionó que el Fiscal General, Tarek William Saab, ha condenado a González Urrutia, acusándolo de delitos de los cuales él no tiene responsabilidad. Esto, según el abogado, busca privar al líder opositor de su libertad y obstaculizar sus derechos políticos.

Ante la orden de captura emitida en su contra, González Urrutia se mantiene en resguardo y considera que es un perseguido político. María Corina Machado, líder de la oposición y principal defensora de González Urrutia, asumió la responsabilidad por la publicación de las actas que, según ella, demuestran la derrota de Maduro.

Por su parte, el Fiscal Saab ha afirmado que se mantiene vigente la orden de aprehensión y la investigación contra el excandidato presidencial, acusándolo de diversos delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación para delinquir.