El Gobierno de Venezuela rechazó enfáticamente la orden de captura emitida por la Justicia de Argentina contra el presidente Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta decisión fue calificada por el Ejecutivo chavista como “írrita” y “ridícula”.
En un comunicado oficial, Venezuela expresó su repudio hacia lo que considera una “írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder Judicial argentino” en contra del presidente Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Esta acción fue vista como una “burda reacción de retaliación instruida” por el presidente argentino, Javier Milei.
La orden de detención contra Maduro y Cabello se dio luego de que la Justicia venezolana ordenara la detención “preventiva” del mandatario argentino, Karina Milei, secretaria general del país austral, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires y enviado a Estados Unidos en febrero.
El Ejecutivo venezolano considera que la decisión del tribunal argentino “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”.
Caracas expresó que “esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, afectando seriamente todo el sistema internacional”.
La determinación en Argentina fue tomada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a principios de 2023 por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal para procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde se hayan cometido.
El fiscal general, Tarek William Saab, calificó esta decisión como “estúpida” y también la consideró una “venganza”. Además, anunció que solicitó a Interpol una “alerta roja” contra Milei y las dos funcionarias argentinas por delitos que incluyen “legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación”.
