Chile | El Cuerpo de Generales y Almirantes (R) se pronuncia sobre el rol de los jueces en la Corte Suprema

Santiago, Chile – En las últimas semanas, ha surgido un debate nacional sobre el rol y el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema. Frente a esto, el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional ha decidido hacer público su parecer, señalando serias preocupaciones sobre la imparcialidad de algunos magistrados y la falta de transparencia en el poder judicial.

A continuación, reproducimos íntegramente la carta enviada por Álvaro Guzmán Valenzuela, General de Brigada (R) y Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes (R) de la Defensa Nacional, donde expone la postura de la institución sobre la situación que viven los ex uniformados en relación a los casos de Derechos Humanos y el concepto de lesa humanidad.

Señor Director:

El Cuerpo de Generales y Almirantes (R) de la Defensa Nacional ante el debate nacional surgido en las últimas semanas respecto del rol y nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema, ha estimado necesario hacer público su parecer, ya que existe evidencia empírica que demostraría que algunos magistrados no parecieran aquilatar la dimensión de la función que el Estado les ha confiado y conferido.

Estas altas autoridades del poder judicial deben prescindir de sus lealtades personales y de sus propios intereses, y evitar que exista opacidad y poca transparencia en sus nombramientos.

En este contexto, es de público conocimiento que nuestro sector – miembros de las FFAA en condición de retiro- ha sufrido por décadas una implacable persecución por parte de la administración del Estado y de sectores políticos. En algún momento, tal vez infundadamente, abrigábamos la esperanza que el poder judicial actuara “prescindiendo” de sus lealtades o sesgos de cualquier orden, pero la realidad nos ha demostrado que la mayoría de los jueces especiales y de las cortes, se han sumado a esta persecución inmisericorde, donde no se respetan los derechos fundamentales que a todo chileno le corresponde.

Cuando se investiga y condena a ex uniformados en casos de DDHH, creemos que ha prevalecido una arista de carácter ético, entendiendo por aquello, que los jueces en sus fallos estarían influenciados por factores exógenos como sus creencias y visiones – en algunos casos – marcadamente ideologizadas.

El concepto de “lesa humanidad” ha sido desnaturalizado en su interpretación y aplicación, pues existen evidencias que se invocan en la Ley 20.357 del 18 de julio de 2009, que indica en su artículo 44, la prohibición explícita de aplicarla retroactivamente.

Es incomprensible que jueces ordenen el cumplimiento efectivo de penas sustentadas en débiles o definitivamente inexistentes presunciones jurídicas a ancianos, hombres y mujeres aquejados de patologías irreversibles, y además los envíen a recintos carcelarios colapsados, que no tienen ninguna condición de infraestructura y soporte médico normado para este tipo de internos.

Es aberrante comprobar cómo se evitan o tergiversan normas que explicitan alternativas de cumplimiento de penas debidamente señaladas en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la normativa internacional suscrita por Chile, en consonancia con el Derecho Internacional Humanitario.

Es más, hay conductas o prácticas reiteradas que se desarrollan para negar la accesibilidad a los derechos que tiene todo interno relativo a beneficios penitenciarios, siendo ello un trámite largo y tortuoso; hemos comprobado desde hace largos años que su resultado es siempre negativo, aun cuando se cumplan todos los requisitos explicitados en la normativa vigente.

Nos sorprende observar cómo Ministros de la Corte Suprema acomodan la designación de los Ministros que integrarán la correspondiente sala penal de manera de lograr las condenas que ya tienen previstas, normalmente basadas en presunciones jurídicas.

Si se va a investigar a los jueces por sus faltas de ética ¿no sería justo que se investiguen sus nombramientos y los aludidos fallos? Aspiramos a que algún día se investigue y sancione a aquellos que han abandonado su deber ético en la administración y la aplicación del Derecho.

Álvaro Guzmán Valenzuela
General de Brigada
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes (R)
de la Defensa Nacional.