En una sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre, la Asamblea Nacional de 2020 aprobó un acuerdo en el que se propone formalmente al Ejecutivo la petición de evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre Venezuela y España. Esta medida se tomó en respuesta a la resolución del Congreso español que reconoce a Edmundo González como presidente electo.
El presidente de la Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno Psuv, Jorge Rodríguez, instó a los legisladores a votar enérgicamente a favor del acuerdo, argumentando que es necesario poner fin a las agresiones por parte del gobierno de España, país que acogió a González Urrutia después de su exilio forzado. Rodríguez ya había planteado esta solicitud el pasado 11 de septiembre en respuesta al Congreso español.
En su intervención, Rodríguez expresó: “Hemos tenido paciencia, pero se agota. No se justifica que en España se encuentren Leopoldo López, responsable de asesinatos en 2014 y 2019, Julio Borges que asesinó a un niño (…) Reconocer a un tembloroso señor cobarde que pareciera que ha venido recuperando cierto aplomo, comiendo jamón serrano en las calles de Madrid, porque alguien le está pagando y le da su jamón serrano”.
Además, como respuesta irónica a la resolución del Congreso español, se propuso en la cámara la abolición de la monarquía española, lo que fue recibido con aplausos por parte de los diputados venezolanos. También se planteó la idea de proponer la independencia de Cataluña y del País Vasco en reciprocidad con la injerencia en asuntos internos de Venezuela.
En otro momento de la sesión, Rodríguez amenazó con revelar conversaciones de Edmundo González que, según él, demostrarían una ruptura con la dirigencia opositora venezolana, liderada por María Corina Machado.
Asimismo, insultó al alto representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, por presionar para que se respete la voluntad popular en Venezuela y no reconocer la legitimidad democrática de Maduro.
Previo a abordar la reforma de las leyes electorales, Rodríguez informó sobre la primera reunión de las subcomisiones encargadas de este tema. Destacó la importancia de impedir la participación en elecciones de dirigentes políticos que se consideren incurran en actos fascistas, y de revisar las sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Electoral en procesos comiciales pasados.
En este sentido, resaltó la necesidad de contar con una batería de leyes y reglamentos electorales antes de que finalice el año 2024, para castigar a quienes atenten contra la República.