AN de 2020 inicia ruta para nombrar fiscal, contralor y defensor del pueblo: ¿qué se espera?

La Asamblea Nacional del 2020, controlada por el partido de gobierno, Psuv, ha anunciado que en un plazo de 30 días se llevará a cabo una nueva designación de los integrantes del Poder Ciudadano (fiscal general, contralor y defensor del pueblo).

Este movimiento marca el regreso del Parlamento al control de este proceso, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 designara al fiscal, contralor y defensor, asumiendo las competencias del legislativo opositor de 2015 de manera inconstitucional, según juristas venezolanos.

El proceso se inició en la AN con la designación del Comité de Postulaciones e instalación de la instancia el viernes 11 de octubre, para convocar a los interesados en los cargos y evaluar sus credenciales. Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, ha expresado su escepticismo sobre el proceso, señalando que el partido de gobierno priorizará la lealtad política sobre los méritos en las designaciones.

El Comité, presidido por Giuseppe Alessandrello (Psuv) y José Gregorio Correa, ha aprobado un cronograma que culminará con la presentación de los nombres ante la plenaria de la AN para su aprobación final y juramentación. Este proceso es parte de la ruta establecida para la selección de los nuevos funcionarios del Poder Ciudadano.

Según la Constitución, los funcionarios designados para estos cargos tienen un período de siete años y deben cumplir con requisitos específicos en términos de nacionalidad, experiencia y competencia para ocupar dichas posiciones.

En un mes se conocerá si los actuales funcionarios serán ratificados o si se designarán nuevos. En el caso del Ministerio Público, se ha mencionado extraoficialmente la posible designación de Larry Devoe como reemplazo de Tarek William Saab.

El balance del desempeño de los actuales fiscal, contralor y defensor del pueblo ha sido crítico, especialmente en materia de derechos humanos. Algunos abogados han señalado la falta de cumplimiento de sus funciones y su supuesta participación en actividades que atentan contra los derechos humanos en el país.

El proceso de designación de los nuevos funcionarios ha generado escepticismo entre sectores de la sociedad civil, quienes dudan de la transparencia y la imparcialidad del proceso. La falta de garantías de seguridad para los participantes también ha sido motivo de preocupación.