Un escándalo ha sacudido al Ministerio de Vivienda y Hábitat, ya que en las últimas horas han sido detenidos un total de 10 funcionarios por su presunta participación en una organización delictiva que desalojaba a familias de sus hogares para venderlos en dólares, de acuerdo con fuentes judiciales.
La operación de detención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pertenecientes a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, tras recibir una denuncia de la viceministra Carolina Cestari.
El primer operativo tuvo lugar en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, ubicado en la parroquia Coche del municipio Libertador, específicamente en la torre 17, apartamento 2B, kilómetro 8 de la Panamericana.
Allí fueron arrestadas Ada Nacary Llovera Castellanos, líder de la comunidad y del comité familiar, junto con las funcionarias de MinVivienda Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
Según las investigaciones preliminares, estas mujeres solían utilizar armas de fuego para amedrentar a los residentes del urbanismo y obligarlos a abandonar sus viviendas, para luego transferirlas a nuevos propietarios que pagaban entre 5000 y 7000 dólares por cada inmueble.
Ada Llovera, en su rol de jefa de comunidad, ejecutaba los desalojos de manera arbitraria bajo amenazas e intimidaciones, mientras que las funcionarias de MinVivienda agilizaban y tramitaban la reasignación de los apartamentos.
En un segundo operativo policial llevado a cabo en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda), fueron detenidos otros cinco funcionarios, entre ellos Peregrina Alejandrina Amor Morelo, Mary Yoselin Trejo Peñaloza, Miguel Ángel Tovar Quijada, Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez y Karla Eduviges Sáenz Camacho.
Además de las detenciones, varios efectivos de la PNB entrevistaron a la viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien informó sobre los hallazgos parciales de una auditoría realizada al sistema de adjudicación de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.
La auditoría reveló la existencia de 8 casos con registros de cédulas incongruentes, incluyendo duplicados y registros con errores en los dígitos.
Asimismo, se detectaron 3.382 cédulas duplicadas en el sistema, con casos de doble beneficio, doble registro y hasta cuatro registros para un mismo individuo en distintas parroquias.
Se identificaron urbanismos donde no se encontraban cargados los registros, como en Ciudad Tiuna, sector Ezequiel Zamora, donde faltaban registros de varias torres.
La Fiscalía 78 en materia de corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez, fue notificada de los procedimientos y los detenidos están bajo la custodia de las autoridades mientras las investigaciones continúan avanzando.
Con información de Samuel Luces (Pasante)
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