En bolsas negras puestas en la calle encontró la señora Mirelis López López, parte de sus pertenencias, pues no ha logrado un acuerdo de desalojo con la heredera de la vivienda que habita desde el año 2006, ya que, tras el fallecimiento, primero de la propietaria y luego de su esposo, el firmante del contrato de arrendamiento, surgió un vacío legal y ahora no se le reconoce como inquilina.
El caso fue expuesto ante los medios por López, asegurando que durante años se ha tratado de conciliar, pero la situación pasó a mayores con el secuestro de sus pertenencias. “Tuve que viajar a Caracas a un chequeo médico y al regresar encontré mi ropa en la calle y las cerraduras fueron cambiadas. Adentro quedaron todas mis cosas, el pasaporte, los muebles, la cama, los recuerdos de mi familia, hasta las cenizas de mi esposo y mis mascotas”.
Detalló que con la muerte de la propietaria surgieron los problemas, pero siempre han pagado el canon ante un tribunal y durante un tiempo a un abogado de la heredera. “Yo lo quiero es que me den el tiempo que me corresponde por ley para ubicar una nueva vivienda, jamás hemos tenido intenciones de quedarnos con esa propiedad, pero no es justo que aprovecharan mi viaje para desalojarme sin aviso, incluso agrediendo a mi sobrino y poniendo a la comunidad en contra que casi lo linchan”.
Denunció que incluso le cortaban el servicio de agua, aun cuando es ella la encargada del pago a la hidrológica.
Sobre el tema, las abogadas defensoras de la inquilina Mari Vásquez y María Guevara, afirman que esta situación revela vacíos legales que conlleva a la indefensión, y aunque se trata de una sola familia es el reflejo de una situación que se repite y debe ser atendida por los órganos de justicia.
Sostienen que el derecho a la propiedad privada no es menos que el de un contrato de arrendamiento, por lo que piden la actuación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y la fiscalía que ya están notificados de la situación.
“Los artículos violentados con este procedimiento irregular son el 82 de la Constitución porque todos tenemos derecho a una vivienda digna y más cuando existe un contrato de arrendamiento que subsume ciertos derechos y garantías a los arrendatarios, apropiación indebida, normativa para la protección de animales, hostigamiento, instigación, no se puede de manera descabellada tratar a los inquilinos por eso los órganos respectivos como Sunavi y Fiscalía han sido notificados del hecho”.
Aunque quienes se sienten víctimas de la situación esperan una solución directa, Vásquez dijo que se plantean una acción de amparo constitucional, a los fines que se restablezcan los derechos a la señora López López, y pide al TSJ no desamparar a los inquilinos, porque es desconocer el estado social democrático de derechos y justicia con un proceder equívoco como un desalojo arbitrario.
