El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha lanzado una advertencia contundente: «Si usted no es fascista no se preocupe. Deben preocuparse los fascistas, neofascistas y los odiadores de siempre». Estas palabras surgen a raíz de la aprobación en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, una propuesta presentada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esta ley fue aprobada en primera discusión el 2 de abril de este año, luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez la presentara ante la plenaria. Desde agosto se encuentra en fase de consulta nacional. Consta de 30 artículos, y se destacó que se crean nuevos tipos penales para castigar de manera contundente cualquier acción que se considere promueva el fascismo.
El término «fascismo» ha sido recurrente en el discurso chavista, utilizado para referirse a los opositores, junto con el término «terroristas». Estos conceptos también se encuentran presentes en otras leyes como la Ley contra las ONG (pendiente de promulgación) y la Ley de Comunas (en segunda discusión), y se espera que formen parte de la reforma de las leyes electorales que el chavismo planea llevar a cabo antes del 15 de diciembre de 2024.
Defensores de derechos humanos han expresado su preocupación ante estas medidas, considerándolas una seria amenaza contra la disidencia, y sugiriendo que podrían ser el preludio de una etapa de mayor represión a partir de enero de 2025, cuando se instale un «gobierno de facto» en Venezuela.
El artículo 4 de la ley define el fascismo como cualquier postura ideológica que asuma la violencia como medio de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia o promueve la supresión de los derechos y garantías a favor de determinados sectores de la sociedad con fines discriminatorios.
En cuanto al neofascismo, se considera toda acción que reproduzca total o parcialmente los rasgos propios del fascismo. Según la Real Academia Española, el fascismo es un movimiento político y social totalitario que se desarrolló en Italia en el siglo XX, caracterizado por el corporativismo y la exaltación nacionalista.
En resumen, estas medidas legales han levantado preocupaciones sobre la posibilidad de que se esté preparando el terreno para una mayor represión en Venezuela, utilizando términos vagos e imprecisos pero cargados de valor negativo para incrementar el temor en la población y justificar acciones en contra de la disidencia.
La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, sancionada en agosto, prohíbe el registro de organizaciones que promuevan el fascismo, la intolerancia y el odio por motivos raciales o cualquier forma de discriminación. Asimismo, en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de las Comunas se incluye la lucha contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares como principio rector.
El panorama político en Venezuela se ve marcado por la inclusión de estos conceptos en la legislación, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes temen una escalada en la represión y la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Expertos en derechos humanos y activistas han alertado sobre las consecuencias de estas leyes, advirtiendo que debilitarán el tejido asociativo del país y obligarán a la migración forzada de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. La situación se torna cada vez más crítica, con ciudadanos siendo víctimas de persecución, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos fundamentales.
Ante este escenario, la sociedad civil y organismos internacionales han expresado su preocupación por el rumbo que está tomando Venezuela, instando a las autoridades a respetar los derechos humanos y buscar una transición pacífica. Sin embargo, las declaraciones de figuras clave del gobierno, como Diosdado Cabello, mantienen un tono amenazante y de intolerancia hacia la oposición.
Esta entrada ha sido publicada el noviembre 2, 2024 6:45 pm
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