El líder del partido Primero Justicia, Julio Borges, ha expresado su preocupación por las implicaciones que, según él, conllevan las figuras de los jueces de paz comunal que el gobierno de Nicolás Maduro planea implementar en las comunidades.
Borges ha señalado que esto representa un mayor control social y es un plan del poder político en Miraflores para encubrir los comités de defensa de la revolución como jueces comunales. Ha calificado esta maniobra como inconstitucional, vil y peligrosa para la convivencia democrática en las comunidades.
La comisión electoral designada por la Asamblea Nacional de 2020 ha abierto un período de postulaciones, del 25 al 27 de noviembre, para aquellos interesados en convertirse en jueces de paz en sus comunidades. Pueden presentar su candidatura de forma voluntaria o ser propuestos por los Consejos Comunales o asociaciones de vecinos. La elección está programada para el 15 de diciembre y podrán votar los mayores de 15 años.
En palabras de Borges, “El acceso a la justicia en América Latina, en promedio, solo alcanza al 10% de la población y el nivel de impunidad en la región ronda el 97% en promedio. Es por eso que desde Primero Justicia hemos impulsado una ley para que los jueces sean elegidos popularmente, revocables, no partidistas y fomenten una justicia cercana, democrática e independiente. Sin embargo, lo que pretende la dictadura es otra cosa. Quieren disfrazar a sus cuadros políticos como jueces para aumentar el control político y social en las comunidades”, afirmó Borges.
“Modelo de injusticia”
El ex diputado nacional y abogado ha destacado que Maduro busca replicar el modelo de injusticia que el gobierno concibe en las comunidades, y ha enfatizado que no se trata de una verdadera justicia de paz. Entre 1999 y 2000, Borges condujo un programa llamado “Justicia para todos” en la extinta emisora RCTV, donde se recurrió a la mediación y conciliación para resolver conflictos entre miembros de la comunidad o familiares.
“Tenemos la certeza de que esto no es justicia de paz, Maduro busca replicar el mismo modelo de injusticia que prevalece en el Estado venezolano, con jueces parciales y partidistas. El modelo de justicia de la revolución no ha funcionado debido a la politización”, declaró Borges a través de un comunicado de prensa.
Ha recordado que los circuitos comunales donde se elegirán los jueces de paz están controlados por miembros del partido de gobierno, PSUV, por lo que considera poco probable que del proceso surjan jueces que no sean partidarios del chavismo.
“Lo peligroso es que estos jueces comiencen a legislar en asuntos penales y judiciales, convirtiéndose en una suerte de verdugos para quienes tienen opiniones diferentes en las parroquias”, advirtió.
La elección de 15,000 jueces de paz comunal en todo el país se deriva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, aprobada por un Parlamento dominado por el chavismo el 12 de noviembre pasado.
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