El Gobierno argentino ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) una intervención inmediata en la situación de Venezuela, denunciando asedio a su misión diplomática en Caracas. Por su parte, Panamá y Uruguay han condenado la demora injustificada en la investigación de la CPI.
En una intervención durante la reunión anual de países miembros de la CPI, el embajador argentino Mario Javier Agustín Oyarzábal expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación abierta en noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Señaló que los derechos humanos y civiles en Venezuela son sistemáticamente vulnerados, exigiendo investigaciones rigurosas que cumplan con las expectativas de justicia internacional.
Oyarzábal también denunció el asedio sufrido por la misión diplomática argentina en Caracas y solicitó salvoconductos para garantizar la seguridad de las personas asiladas en la embajada. Uruguay y Panamá expresaron su preocupación por la situación en Venezuela y la falta de avances en la investigación de la CPI.
El embajador venezolano, Hector Alejandro Constant Rosales, defendió a Venezuela como un “Estado democrático y social de derecho y de justicia”, atribuyendo la situación actual a una campaña de desestabilización política y mediática. El fiscal de la CPI, Karim Khan, reprendió a Venezuela por la falta de avances en la implementación de leyes y prácticas, advirtiendo que las investigaciones continúan activas y que se agota el tiempo para la complementariedad.
La CPI rechazó el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación en Venezuela, que había solicitado el cierre del caso basándose en el principio de complementariedad. La comunidad internacional espera avances en la investigación y garantías para la seguridad de las personas asiladas en la embajada argentina en Caracas.
Con información de efectococuyo.com
