El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tomado la decisión de abrir un caso contra el Gobierno de Nicolás Maduro para investigar posibles irregularidades en las elecciones de julio en Venezuela. Este comité ha exigido al Gobierno de Venezuela conservar las actas de escrutinio como parte de las medidas provisionales urgentes dictadas mientras se lleva a cabo la investigación, según informaron abogados denunciantes.
Uno de los abogados involucrados en esta denuncia es Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él confirmó a EFE que el Comité ha iniciado el caso y ha solicitado la preservación de materiales electorales clave, como las actas de escrutinio.
Abrão forma parte de un grupo de cinco abogados de la firma IHR Legal, con sede en Washington DC, que presentaron la denuncia ante el Comité en octubre por presuntas violaciones de fraude electoral, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La notificación revisada por EFE indica que el Comité ha solicitado al Estado venezolano que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales, incluyendo las actas de escrutinio, mientras se lleva a cabo la investigación.
La denuncia presentada ante la ONU detalla múltiples violaciones a los derechos humanos fundamentales durante las elecciones en Venezuela, incluyendo fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia.
Los abogados han calificado la apertura del caso como un paso crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Se espera que esta investigación concluya con una decisión internacional trascendental que determine la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela.
En la denuncia se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un ciudadano común venezolano, residente en Estados Unidos, y se destaca el patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto cuando los resultados no favorecen a Maduro y sus aliados.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, conformado por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados miembros.
