La participación de las organizaciones políticas en las elecciones en Venezuela ha sido objeto de críticas por parte de expertos electorales, quienes señalan que el Poder Electoral tiene total discrecionalidad en la aprobación de los partidos para postular candidatos, como se evidenció en las presidenciales del 28 de julio.
Esta situación de incertidumbre ha generado la necesidad de regular la validación de los partidos políticos en la normativa electoral, con criterios claros, lo cual fue planteado ante la comisión de diálogo de la Asamblea Nacional en 2020. Diversas propuestas, como la representación proporcional, la paridad de género y la actualización del Registro Electoral, están en espera de ser incluidas en los cambios.
En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, estableció como objetivo principal que los partidos políticos no puedan postular “fascistas” para cargos de elección popular. Esta directriz ya se encuentra plasmada en la Ley Bolívar, la cual prohíbe a quienes promuevan sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro optar por cargos públicos.
Sin embargo, la falta de convocatorias para abordar las reformas electorales ha generado preocupación entre los actores políticos, como el diputado Aníbal Sánchez, quien cuestiona si las modificaciones estarán listas antes de que finalice el período legislativo en 2024. Existe la inquietud de que el chavismo pueda introducir nuevas disposiciones de forma sorpresiva, como ocurrió con la Ley Bolívar.
En las recientes elecciones presidenciales, partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS), Generación Independiente (Gente), Convergencia y el Partido Unión y Entendimiento (Puente) no pudieron postular candidatos debido a la invalidación de sus tarjetas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta decisión se basó en la votación obtenida en comicios anteriores, dejando en evidencia la falta de criterios claros en la normativa electoral.
La falta de transparencia en la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio ha generado incertidumbre de cara a los próximos comicios en 2025. El CNE no ha hecho públicas las actas de votación ni los resultados desglosados, lo que dificulta el proceso de validación de los partidos políticos.
Ante esta situación, se hace necesario retomar los criterios anteriores a 2016 y aplicarlos de manera coherente, previa reforma de la normativa electoral. La falta de claridad en los criterios utilizados por el CNE para validar los partidos políticos y la admisión de nuevas fuerzas políticas representa un desafío para el sistema electoral en Venezuela.
