En Bélgica, se ha aprobado una ley que permite a las personas que se dedican a la prostitución tener un contrato laboral con cobertura social, derechos a vacaciones, jubilación, paro y baja por enfermedad y embarazo. Esta medida busca proteger a los trabajadores sexuales de los riesgos asociados a su profesión.
La Unión belga de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales (UTSOPI) considera esta ley como un gran avance en la protección de los derechos de este colectivo. Según Daan Bauwens, director de UTSOPI, la igualdad de derechos para los trabajadores sexuales era una necesidad urgente y esta ley finalmente reconoce el trabajo sexual como una ocupación legítima.
Sin embargo, la eurodiputada socialista española, Lina Gálvez, critica la nueva normativa al considerar que, en la práctica, legaliza el proxenetismo. Gálvez argumenta que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución son víctimas de explotación y no pueden ser consideradas trabajadores sexuales en el sentido tradicional.
A pesar de las críticas, el gobierno federal defiende que esta ley representa un equilibrio entre todas las partes involucradas en el debate. La discusión sobre si las mujeres que ejercen la prostitución pueden tener los mismos derechos que otros trabajadores sigue siendo compleja y polémica.
En medio de esta controversia, la protección de los derechos laborales de las personas que se dedican a la prostitución es un tema que sigue generando debate en la sociedad belga. La ley ha sido diseñada para brindar una mayor seguridad y estabilidad a un sector vulnerable y estigmatizado.
