La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha expresado su rechazo a las sanciones impuestas por Canadá contra cinco funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez.
En un comunicado, la organización señaló que estas acciones de Canadá, al igual que las de Estados Unidos, buscan presionar a Venezuela y promover la desestabilización en el país. La ALBA-TCP afirmó que estas sanciones unilaterales violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
La Alianza defendió el derecho de Venezuela a construir su propio modelo sin interferencias externas y a seguir su camino hacia la prosperidad y el bienestar, a pesar de las incomodidades que puedan causar a los gobiernos en Ottawa y Washington.
Además de Rodríguez, Canadá también sancionó a Juan Carlos Hidalgo Pandares, Rosalba Gil Pacheco, Edward Miguel Briceño Cisneros y Luis Ernesto Dueñez Reyes, quienes ya estaban sancionados por Estados Unidos.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, afirmó que estas sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Joly también declaró que Canadá está dispuesta a apoyar un diálogo pacífico para resolver la crisis en Venezuela, pero utilizará las herramientas a su disposición, incluidas las sanciones, para garantizar los derechos democráticos en el país.
En medio de esta situación, el periodismo independiente continúa necesitando el apoyo de sus lectores para mantenerse libre de censura y poder seguir ofreciendo noticias relevantes. ¡Con tu apoyo, seguiremos trabajando para mantener un periodismo crítico y sin restricciones! ¡Apoya a El Nacional!
