La audiencia de juicio público de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y su exesposo Alejandro González, ha sido diferida para el 11 de febrero de 2025, según fuentes cercanas al caso. La decisión de los Juzgados 29 y 30 de postergar la audiencia programada para el 18 de diciembre se debió a problemas de comunicación telemática y la falta de autorización para el traslado de los acusados.
Entre los acusados en este caso se encuentran Anyelo Julio Heredia G, Guillermo Enrique César Fiero, Tomás Martínez Masías, Carlos Jesús Vásquez, Guillermo Henry Cesar Fiero, Tomás Martinez Chico y Diana Desirée Victoria Justo, según la abogada Tamara Sujú. Inicialmente programada para el 11 de noviembre, la audiencia fue suspendida por la falta de traslado, según declaraciones del abogado Juan González Taguaruco.
Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero por presuntos vínculos con una conspiración que involucraba un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, ha enfrentado un proceso judicial marcado por irregularidades y retrasos. Las autoridades han impedido la designación de defensores privados y ha habido opacidad en el manejo del expediente, según González Taguaruco.
La activista se encuentra detenida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, y solo su hija está autorizada a visitarla. A pesar de denuncias previas de problemas de salud, las autoridades no habían permitido un tratamiento adecuado hasta que el gobierno de Maduro divulgó fotos de San Miguel siendo atendida por una fractura en el hombro derecho detectada cuatro meses después de ocurrida.
ONGs han solicitado una medida humanitaria urgente para que San Miguel pueda someterse a una cirugía con sus médicos de confianza. Provea ha enfatizado que la activista no debe ser intervenida por quienes retrasaron su diagnóstico y que en reclusión no hay condiciones adecuadas para su recuperación. La audiencia diferida para febrero será clave en el desarrollo de este controvertido caso.
