El partido opositor Vente Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado, ha levantado la voz para denunciar un incidente alarmante en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda. Según la formación política, durante una violenta requisa, funcionarios militares abrieron fuego contra presos políticos en dicho centro penitenciario, dejando a varios heridos y causando un profundo desconcierto entre los familiares de los internos.
La abogada y activista de derechos humanos Tamara Sujú ha compartido imágenes y videos en redes sociales que muestran la situación crítica en el Anexo A de la prisión, donde al menos tres presos resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Según Sujú, la operación contó con la presencia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas han guardado silencio ante estos hechos, a pesar de las numerosas denuncias y testimonios que han surgido. La cárcel de Ramo Verde es conocida por albergar principalmente a presos militares, muchos de los cuales son considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos.
Según datos proporcionados por la ONG Foro Penal, en Venezuela actualmente hay 1.877 presos políticos, de los cuales 1.715 son civiles y 162 son militares pertenecientes a distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ante esta situación, la comunidad internacional y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han mostrado su preocupación y han instado al gobierno a respetar la integridad física y los derechos fundamentales de los presos políticos.
La excarcelación de 60 presos políticos en las últimas horas ha sido reportada como una noticia relacionada con los recientes sucesos en la cárcel de Ramo Verde. Estos eventos han generado un ambiente de tensión y preocupación en la opinión pública, que espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el país.
