La Fiscalía ha anunciado la excarcelación de 177 presos políticos, elevando a 910 el total de liberaciones desde noviembre. A pesar de este anuncio, no se han revelado los nombres ni detalles de las personas liberadas. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció recientemente que el gobierno estaba amenazando a los familiares de los presos para evitar que se comunicaran con organizaciones externas.
El Ministerio Público ha revisado 177 casos judiciales relacionados con la violencia poselectoral, que buscaba desestabilizar el país tras las elecciones presidenciales. Tanto el fiscal Tarek William Saab como el presidente Nicolás Maduro niegan que estos individuos sean presos políticos, argumentando que cometieron actos violentos.
A pesar de la falta de cifras precisas, se estima que más de 2,000 personas fueron arrestadas durante las protestas contra los resultados electorales. El gobierno ha confirmado un total de 910 excarcelaciones, asegurando que se han respetado los procesos judiciales establecidos por la Constitución.
Sin embargo, desde julio pasado, familiares, ONG y abogados han denunciado irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la falta de abogados privados y la imputación de delitos graves a adolescentes. Tres presos políticos han fallecido bajo custodia, sin que se haya esclarecido las circunstancias de sus muertes.
En resumen, la situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y falta de transparencia en el sistema judicial. A pesar de las excarcelaciones, persisten dudas sobre la legitimidad de los procesos y la seguridad de los detenidos.
