Familiares de los cuatro niños desaparecidos el pasado 8 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se presentaron en la morgue este miércoles para proporcionar información que pueda ayudar en la identificación de unos cuerpos calcinados encontrados el día anterior. Según Billy Navarrete, de una organización de derechos humanos que los respalda, se están entregando datos sobre los rasgos físicos de los menores para cotejar la información y, de ser necesario, se realizarán exámenes de ADN que pueden durar hasta 30 días.
Los cadáveres de los cuatro niños desaparecidos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde se encontraron en una zona remota de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. Los primeros informes indican que los cuerpos estaban en un área de difícil acceso, solo accesible en bote.
Una jueza aceptó que la desaparición de los cuatro niños se investigue como una desaparición forzada con responsabilidad del Estado. Durante la audiencia, se presentaron elementos que sugieren que los 16 militares involucrados en la aprehensión no siguieron los protocolos establecidos. La Fiscalía formuló cargos contra los militares por desaparición forzada.
Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina desaparecieron la noche del 8 de diciembre en Guayaquil después de ser detenidos por militares cerca de un centro comercial. Los niños fueron trasladados en una camioneta militar hacia Taura, donde se perdió su rastro. Abogados del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas argumentaron que los niños no estaban bajo custodia estatal al momento de la desaparición.
El fiscal Christian Fárez afirmó que no hay pruebas de que los niños hayan cometido algún acto ilícito y criticó a los militares por no seguir los procedimientos adecuados. Fárez mencionó que los militares debieron alertar al sistema Ecu 911 y entregar a los menores a la unidad especial de la Policía. La investigación continúa para esclarecer los hechos y garantizar justicia para los menores desaparecidos.
