La desaparición de cuatro niños el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, Ecuador, ha conmocionado a la sociedad. Los menores, identificados como Steven Medina de 11 años, Saúl Arboleda de 15 años, Ismael Arroyo de 15 años y Josué Arroyo de 14 años, generaron una ola de desesperación entre familiares y ciudadanos de diversos países cercanos.
El caso se hizo público cinco días después de la desaparición, cuando los padres de los niños comenzaron a divulgarlo en redes sociales al no recibir respuesta de las autoridades. Según relatos, los menores salieron a jugar fútbol y no regresaron a casa. Se informó que fueron detenidos por una patrulla militar y desde entonces se desconoce su paradero.
Las autoridades ecuatorianas inicialmente atribuyeron la desaparición a “grupos delincuenciales”, pero posteriormente reconocieron que los menores fueron detenidos por 16 militares y liberados en su camino a la base en Taura. Actualmente, hay 16 militares detenidos por su presunta implicación en este caso.
El caso está siendo investigado como una desaparición forzada, ya que se considera que los militares no siguieron el protocolo establecido. A pesar de las afirmaciones de los militares de que liberaron a los niños horas después de detenerlos por presunto intento de robo, la incertidumbre persiste.
Tras la difusión de un video que muestra a militares llevándose a un niño a la fuerza, se desataron protestas en Quito y Guayaquil exigiendo respuestas al gobierno. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación y demandan una investigación exhaustiva e imparcial.
El caso dio un giro trágico cuando se encontraron cuatro cuerpos incinerados en un río cerca de la base aérea de Taura. Las familias de los niños aguardan con angustia la identificación de los cuerpos, que se encuentran irreconocibles. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha prometido cero impunidad y colaboración total con la justicia para esclarecer este lamentable suceso.
