El Ministerio Público ha otorgado medidas sustitutivas de libertad para 973 detenidos en protestas poselectorales, según lo anunciado tras las primeras excarcelaciones el 15 de noviembre. Sin embargo, las cifras no coinciden con los comunicados emitidos, lo que ha generado controversia en torno a la cantidad real de liberaciones.
Familiares de los detenidos en las protestas poselectorales han denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro impone condiciones para la liberación de los jóvenes, obligándolos a ocultar las condiciones inhumanas vividas en prisión. Muchos de los excarcelados han sido abandonados en terminales sin recursos ni la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos.
Recientemente, un grupo de jóvenes excarcelados del Internado Judicial de Carabobo fue dejado en el terminal Big Low Center de Valencia, desprovistos de recursos y sin poder contactar a sus familiares. Esta situación ha generado críticas hacia las autoridades por el trato inhumano hacia los detenidos.
Además, se ha denunciado que, al momento de la liberación, los jóvenes son obligados a grabar un video en el que niegan haber sido maltratados en prisión y se comprometen a no revelar las condiciones en las que estaban recluidos. Esta presión ejercida por el gobierno ha sido condenada por organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado la coacción a la que son sometidos los excarcelados para silenciar los abusos sufridos en prisión. Exigen que el Estado resarza los daños físicos y emocionales causados a los detenidos arbitrariamente, y que se respeten sus derechos fundamentales.
En medio de este contexto, el Foro Penal ha contabilizado que aún permanecen detenidos 1.687 civiles y 162 militares por motivos políticos en Venezuela. La situación de los presos políticos sigue siendo motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos y para la comunidad internacional.
