La administración de Nicolás Maduro ha extendido la inamovilidad laboral por dos años más, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo anunciado por el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. Esta medida, establecida a través del decreto 5.070 del 27 de diciembre de 2024, tiene como objetivo proteger la estabilidad laboral de los trabajadores venezolanos en los sectores público y privado.
La renovación de este decreto busca salvaguardar el derecho al trabajo como un proceso fundamental para la prosperidad y el bienestar del pueblo, así como para fomentar una sociedad justa y en armonía. La inamovilidad laboral fue instaurada en 2016 y ha sido objeto de diversas prórrogas en los últimos años, siendo la prórroga anterior emitida en diciembre de 2022 y liderada por el entonces Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba.
Bajo este decreto, los empleadores no pueden despedir, desmejorar ni trasladar a los trabajadores sin una causa justificada previamente calificada por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. Además, en Venezuela existe una Ley de Trabajo que estipula el pago doble en casos de despidos injustificados y el cálculo de las prestaciones basado en el último salario del empleado.
En medio de este contexto, la prórroga de la inamovilidad laboral por dos años más ha generado diversas reacciones y opiniones en el ámbito laboral y económico del país. Esta medida, que busca proteger los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, es parte de las acciones implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro en un intento por garantizar la estabilidad y el bienestar de la población en un contexto de crisis económica y social.
