El fallecimiento de César Mayora, preso político y exsargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha generado denuncias por parte de diversas organizaciones no gubernamentales. Mayora perdió la vida el 16 de enero en la cárcel del Fuerte Guaicaipuro en Venezuela, presuntamente a causa de un infarto fulminante provocado por presuntas torturas físicas y psicológicas durante su reclusión.
La comisión de Derechos Humanos del Movimiento Libertas emitió un comunicado exigiendo garantías para el derecho a la salud e integridad física de los presos políticos bajo custodia del Estado venezolano. Asimismo, la ONG Caleidoscopio Humano se unió a la demanda de justicia, denunciando las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos políticos en el país.
De acuerdo con el último informe del Foro Penal, en Venezuela hay un total de 1,687 presos políticos, muchos de los cuales enfrentan acusaciones por conspiración o desobediencia al régimen actual.
César Mayora fue detenido el 18 de diciembre de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta participación en el caso «Honor y Gloria», donde se le acusó de planear un asalto a una unidad militar. Posteriormente, fue condenado a 30 años de prisión. Su muerte ha sido calificada como una violación a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario venezolano.
Por ello, el Movimiento Libertas DDHH y Caleidoscopio Humano han instado a las autoridades nacionales y organismos internacionales a investigar exhaustivamente este caso y garantizar la protección de los presos políticos en Venezuela.
