Defensores de DDHH denuncian impedimento ético en proceso de dirección

Nicolás Maduro designó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, como presidente de la comisión nacional para la reforma constitucional, destacando sus conocimientos en la materia y su capacidad para llevar a cabo un buen trabajo. Maduro resaltó la experiencia de Saab como jurisconsulto, defensor de los derechos humanos y redactor de la Constitución, confiando en su labor durante su mensaje anual ante el Parlamento en enero de 2020.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Nelson Chitty La Roche y la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz expresaron su desacuerdo, argumentando que Saab tiene impedimentos morales y éticos para liderar un proceso de reforma constitucional debido a su supuesto papel en violaciones de derechos humanos en Venezuela. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han señalado a Saab como ejecutor de la política represiva de Maduro, acusándolo de permitir desapariciones forzadas de detenidos y negar el debido proceso.

La comisión para la reforma constitucional contará con la participación de Cilia Flores, Hermann Escarrá y Delcy Rodríguez, junto a Saab. Chitty La Roche advierte sobre la falta de ética constitucional de Saab y la posible profundización en la negación de derechos y libertades para los ciudadanos con su liderazgo en la comisión.

La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha criticado el papel de Saab y sus fiscales en detenciones arbitrarias, perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos. La ONG Laboratorio de Paz considera que la reforma constitucional propuesta por Maduro busca consolidar un gobierno autoritario bajo la apariencia de democracia, creando una dictadura de minorías que amenaza la soberanía popular y las libertades democráticas.

Ante este escenario, la comunidad internacional enfrenta el reto de frenar la consolidación de gobiernos autoritarios en la región y el mundo. La designación de Saab al frente de la comisión para la reforma constitucional plantea dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso, generando preocupación en expertos y activistas de derechos humanos.