La violencia en la región colombiana de Catatumbo ha desencadenado un conflicto entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC, resultando en más de 18,000 desplazados, según cifras reveladas por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Desde el 16 de enero, al menos 18,359 personas se han visto obligadas a abandonar los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú en Catatumbo, buscando refugio en albergues temporales y hoteles en lugares como Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hacarí, según la OCHA.
Además, aproximadamente 1,000 colombianos han cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de protección internacional, mientras se advierte sobre posibles retornos de población venezolana, lo que plantea un alto riesgo.
La OCHA ha destacado que los ataques contra civiles, incluidos firmantes de paz y líderes comunitarios, así como desapariciones, secuestros, homicidios selectivos, atentados y ocupación de viviendas civiles, son algunas de las principales afectaciones causadas por los enfrentamientos.
Hasta el momento, se reportan alrededor de 80 muertos y más de 20 heridos debido a los combates, aunque las autoridades aún no han podido acceder a todas las zonas afectadas.
En respuesta a la situación, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica, invocando el artículo 213 de la Constitución que permite esta medida en caso de grave perturbación del orden público que amenace la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.
El director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, Giovanni Rizzo, ha señalado que la crisis en Catatumbo está exacerbando una situación humanitaria que se ha prolongado por décadas. Rizzo hizo un llamado al Gobierno para implementar las recomendaciones de alertas tempranas, garantizar acceso humanitario sin obstáculos y asegurar fondos suficientes para aliviar el sufrimiento de la población civil en las zonas rurales más afectadas por la violencia.