Se aproximan importantes procesos electorales en Venezuela, que incluyen elecciones municipales, estadales, parlamentarias y posiblemente un referendo sobre una reforma constitucional. Expertos electorales consultados coinciden en que el 28 de julio de 2024 marcó un antes y un después en los procesos electorales del país.
Griselda Colina, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, y Jesús Castellanos Vásquez, exasesor del Consejo Nacional Electoral (CNE), alertan sobre las posibles vulneraciones a las garantías electorales en los próximos comicios. Castellanos Vásquez menciona que las condiciones electorales podrían retroceder significativamente con el triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales y la falta de transparencia en procesos electorales anteriores.
El politólogo también cuestiona la transparencia del CNE, presidido por Elvis Amoroso, y señala la falta de publicación de resultados electorales desglosados en las elecciones pasadas. Por otro lado, Colina advierte sobre el contexto represivo que se ha intensificado después del 28 de julio, con numerosos arrestos de líderes políticos y ciudadanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha mencionado la posibilidad de realizar hasta diez elecciones en un año, incluyendo alcaldías, parlamentarias y consultas comunitarias. Esto plantea desafíos en términos de respetar los periodos de los cargos electos y mantener la transparencia en los procesos electorales.
En cuanto a las reformas electorales, Rodríguez ha indicado que la Ley Orgánica de Procesos Electorales es la única normativa que no se puede modificar a menos de seis meses de una elección. Sin embargo, expertos señalan que cualquier normativa que afecte las reglas del juego electoral, incluyendo la Ley de Partidos Políticos, puede tener implicaciones en la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.
En resumen, el escenario electoral en Venezuela se ha vuelto más complejo y desafiante después del 28 de julio de 2024, con incertidumbre sobre la transparencia, la participación y el respeto a las garantías democráticas en los próximos comicios. Los cambios en las reglas electorales y el contexto represivo plantean interrogantes sobre la legitimidad de los procesos electorales venideros.
