El Ministerio Público de Chile ha presentado una acusación formal contra 19 presuntos miembros de una facción del Tren de Aragua por su presunta implicación en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y otros delitos graves. Las audiencias de imputación continuarán hasta el próximo martes, abordando cargos que incluyen asociación criminal, secuestro y homicidio.
Dos individuos fueron capturados la semana pasada durante un operativo de desmantelamiento de los Piratas de Aragua, célula local de la organización criminal. Además, tres personas serán imputadas en ausencia después de ser detenidas fuera del país gracias a la cooperación internacional. El Ministerio Público de Chile indicó que estos tres imputados detenidos en el extranjero serán acusados formalmente en ausencia para iniciar el proceso de extradición.
La investigación en curso sugiere posibles motivaciones políticas en el crimen de Ojeda, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Autoridades chilenas vinculan el asesinato con altos mandos del régimen de Nicolás Maduro, mencionando específicamente al ministro de Interior, Diosdado Cabello.
El subsecretario de Interior, Luis Cordero, no descarta que Cabello pueda ser objeto de persecución penal en Chile y destaca que cualquier persona involucrada en delitos cometidos en ese país puede enfrentar un proceso judicial, incluyendo la extradición. El fiscal nacional, Ángel Valencia, respalda la posición del gobierno de Gabriel Boric y subraya que la Fiscalía perseguirá a todos los responsables, sin importar su cargo o ubicación.
En paralelo, Chile trabaja en coordinación con autoridades de Estados Unidos para solicitar la extradición de alias el Turco, señalado como líder de los Piratas de Aragua y actualmente detenido en territorio estadounidense. La investigación sigue abierta, recopilando elementos que refuerzan la acusación.
En resumen, el caso del asesinato de Ronald Ojeda está en pleno proceso judicial en Chile, con acusaciones formales contra presuntos miembros del Tren de Aragua. Las posibles motivaciones políticas detrás del crimen han generado tensiones diplomáticas y un esfuerzo conjunto con Estados Unidos para llevar a los responsables ante la justicia.
