Jorge Rodríguez insiste en aplicar la Ley Simón Bolívar en elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, ha instado al Consejo Nacional Electoral a aplicar la Ley Simón Bolívar en las próximas elecciones legislativas, regionales y municipales programadas para el 27 de abril. Rodríguez argumenta que algunos sectores de la oposición utilizan los procesos electorales para conspirar y desestabilizar el país.

Durante su discurso, Rodríguez hizo hincapié en la importancia de la aplicación estricta de las leyes para ser candidato, afirmando que esto puede conducir a unas elecciones pacíficas y evitar acusaciones de fraude por parte de los perdedores. En este sentido, también solicitó al ente electoral obligar a los partidos políticos a reconocer los resultados electorales, independientemente de quién resulte vencedor.

Estas declaraciones se producen en medio de tensiones políticas en Venezuela, donde el chavismo se ha negado a demostrar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. A pesar de las denuncias de irregularidades, el Consejo Nacional Electoral afirmó que Maduro obtuvo la mayoría de los votos, aunque la oposición presentó pruebas que contradecían esta afirmación.

Por su parte, la dirigencia de la Plataforma Unitaria mostró evidencias de que Edmundo González Urrutia fue el ganador de esas elecciones, recopilando más del 80% de las actas de votación. A pesar de las diferencias en los resultados, el madurismo asegura que garantizará la imparcialidad, igualdad y transparencia en el proceso electoral.

Rodríguez enfatizó la importancia de mantener la paz y respetar los resultados electorales, destacando la diferencia entre el diálogo y el crimen, y la negociación y el uso indebido de los mecanismos democráticos. En este contexto, el presidente del Parlamento de 2020 llamó a la movilización para fortalecer la revolución bolivariana.

En resumen, las próximas elecciones en Venezuela se presentan como un desafío crucial para la estabilidad política del país, donde el respeto a las normativas electorales y la transparencia en los resultados son fundamentales para garantizar la legitimidad del proceso democrático.