El exdiputado Carlos Lozano experimentó un allanamiento en su residencia en Valencia, Carabobo, liderado por el fiscal Héctor Cárdenas un día antes de las elecciones presidenciales. Durante el operativo, que duró cuatro horas, no hubo detenciones y se desconocía el motivo del mismo. A pesar de esto, Carlos Lozano reapareció al día siguiente para ejercer su derecho al voto en las elecciones. A pesar del riesgo y la intimidación, Lozano afirmó que cumplir con su deber cívico valió la pena.
El exdiputado denunció un clima de persecución política en la región, destacando el hostigamiento y las amenazas que él y otros disidentes políticos han enfrentado. Organizaciones como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) han documentado casos de persecución en Carabobo, especialmente contra figuras políticas percibidas como opositoras. Se ha observado un aumento en la represión y en la sofisticación de los métodos utilizados para intimidar a la disidencia.
En otro caso, el diputado suplente Vicente Scarano fue detenido por la Dgcim, y su padre, exalcalde de Carabobo, también fue objetivo de las autoridades. La detención de Scarano se consideró arbitraria, y tras su liberación, se le impuso la obligación de presentarse mensualmente en un tribunal de terrorismo en Caracas. El Comité por la Libertad de Presos Políticos alertó sobre las restricciones impuestas a los detenidos para evitar que se comuniquen con los medios.
La persecución política en Venezuela ha suscitado preocupaciones a nivel internacional, con informes de organizaciones como la CIDH y la ONU que denuncian violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La CIDH ha señalado que la represión en Venezuela busca infundir terror en la ciudadanía y silenciar a los opositores, afectando seriamente la democracia en el país. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado crímenes de lesa humanidad durante las elecciones de julio, destacando un patrón sistemático de represión contra opositores.
