El magnate tecnológico Elon Musk se encuentra en el ojo del huracán luego de que un juez federal de Estados Unidos emitiera una orden de emergencia para evitar que el Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk, accediera a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro.
Según documentos judiciales, el juez Paul A. Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro estadounidense a cargos políticos, agentes especiales del gobierno y empleados asignados a un organismo externo al departamento financiero. Esta restricción temporal se mantendrá hasta una audiencia programada para el 14 de febrero, donde se discutirá el asunto.
El DOGE, bajo el liderazgo de Musk, ha estado trabajando en la reestructuración de la administración federal estadounidense, con medidas que incluyen la congelación de programas de ayuda exterior, recortes presupuestarios en varios sectores y la reducción de personal gubernamental.
En medio de estas acciones, los fiscales generales de 19 estados presentaron una demanda contra Trump, el Departamento del Tesoro y el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, alegando que el gobierno violó la ley al permitir el acceso a datos sensibles del Tesoro al personal del DOGE.
El juez Engelmayer justificó su decisión argumentando que los estados demandantes podrían sufrir daños irreparables debido a la divulgación de información sensible y confidencial, así como a un mayor riesgo de vulnerabilidad de los sistemas a la piratería informática.
Musk se vio envuelto en controversia cuando se reveló que su equipo accedió a datos confidenciales del Departamento del Tesoro, calificado como una amenaza interna por la Oficina del Servicio Fiscal. La demanda presentada por los estados denuncia un acceso sin restricciones a los sistemas de pago del BFS por parte de un trabajador del DOGE de 25 años, generando riesgos de ciberseguridad.
En respuesta, Musk defendió el acceso a los datos como necesario para combatir el fraude y el despilfarro de fondos públicos. Sin embargo, la batalla legal continúa con varios recursos judiciales para frenar las medidas de recorte de gastos federales de la administración Trump, incluyendo la suspensión de decretos y la reducción de personal en agencias clave como USAID.
