La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha levantado su voz en denuncia por la situación de Rocío San Miguel, activista que este domingo cumple un año de detención. Según la PUD, San Miguel sigue viendo vulnerados sus derechos a la defensa y al debido proceso, mientras que también se le ha negado la atención médica urgente que requiere.
La PUD ha exigido que se respeten los derechos de San Miguel y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela. La activista fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, acusada de tener vínculos con una conspiración que involucraba un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Diversas organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), han manifestado su apoyo a San Miguel. El OVP ha denunciado un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones a los derechos legales de la activista durante estos doce meses de detención.
El abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, reveló que la activista sufrió una fractura en agosto, la cual fue diagnosticada recién a finales de 2024. Por su parte, Provea ha solicitado que San Miguel pueda ser operada en libertad, ya que en prisión no existen condiciones adecuadas para su postoperatorio y rehabilitación.
La detención de San Miguel también ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por María Corina Machado. VV ha denunciado un patrón sistemático de criminalización contra la activista y ha exigido medidas humanitarias para su liberación inmediata.
Según la ONG Acceso a la Justicia, San Miguel enfrenta cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, por delitos que no ha cometido. VV ha instado a las autoridades venezolanas a respetar los derechos de San Miguel y a garantizar su libertad y su integridad física.
