InSight Crime, en su más reciente trabajo, resaltó que en Colombia la situación relacionada con las minas antipersona está experimentando un preocupante retroceso tras años de descenso.
A finales de enero, el ejército colombiano incautó más de 2.600 artefactos explosivos improvisados, entre ellos, minas asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Tibú, en la región del Catatumbo. Previamente, las autoridades habían confiscado otras 300 minas vinculadas con las disidencias de las Farc en la misma zona, lo que ha dejado caminos, veredas y fincas intransitables.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia reportó un total de 998 incidentes relacionados con minas antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (Muse) en 2024.
Esta cifra representa un incremento de más del 11% en comparación con los 896 incidentes reportados en 2023. Desde 2021, el número de incidentes ha ido en aumento, comenzando con 316 reportes en 2021 y 412 en 2022. Expertos indican que este aumento es multifacético y no puede ser atribuido a una única causa.
Las principales razones detrás de este resurgir incluyen:
1. Presión Militar: La lucha por el control de territorios estratégicos ha llevado a grupos armados a volver a sembrar minas.
2. Incremento en Incidentes: En Arauca, las autoridades reportaron 101 incidentes, mientras que en Cauca y Nariño se registraron 142 y 318 incidentes, respectivamente.
3. Transferencia de Conocimiento: Grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han adoptado tácticas de las Farc, aumentando el uso de estos artefactos explosivos.
