El Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, enfrenta una de las crisis humanitarias más severas en la historia reciente de Colombia. Desde el 15 de febrero, se han desatado enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las cifras oficiales revelan la magnitud de la tragedia en el Catatumbo. Más de 54.000 personas han sido desplazadas forzosamente, mientras que otras 34.000 se encuentran confinadas en la zona.
El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, ha destacado la urgencia de implementar un plan que garantice el retorno seguro de los ciudadanos a sus hogares, aunque las condiciones actuales no lo permiten. Muchas viviendas han sido saqueadas y se han sembrado minas en varios lugares, lo que hace extremadamente riesgoso el regreso de los desplazados.
La crisis también ha afectado a más de 46.000 niños en la región, según la presidenta de Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano. La violencia en Colombia ha dejado a estos niños sin acceso a la educación, expuestos a la violencia sexual y al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares.
El Gobierno de Colombia ha puesto en marcha un plan en tres fases para hacer frente a la crisis en el Catatumbo: ayuda humanitaria, restablecimiento del control territorial e inversión en el desarrollo de la región a través del «Pacto Catatumbo». Sin embargo, el despliegue de 10.000 soldados de otras regiones ha sido criticado por su falta de conocimiento del terreno, lo que otorga una ventaja estratégica a quienes conocen la selva. Además, la flota de helicópteros no ha podido operar debido a problemas de mantenimiento.
En medio de este escenario desolador, el Catatumbo continúa sumido en una crisis que deja a miles de personas afectadas, con la esperanza de encontrar una solución que permita restablecer la paz y la seguridad en la región.
