La tarde del 22 de diciembre de 2017 marcó un hito importante en la lucha anticorrupción en Venezuela. En ese día, Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente Hugo Chávez, se declaró culpable ante una corte federal de Florida de conspirar para lavar millones de dólares recibidos en sobornos a cambio de favorecer a empresarios con dólares a precio preferencial en Venezuela.
Aquella declaración de culpabilidad se convirtió en la de mayor envergadura relacionada con la corrupción venezolana en Estados Unidos y se produjo en el contexto de una investigación que violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
La FCPA, aprobada por el Congreso en 1977, prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses participar en el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de favores. Su alcance también se extiende a compañías internacionales con presencia operacional en Estados Unidos, que quedan sujetas al ordenamiento jurídico estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía Sur de Florida, se pagaron sobornos a funcionarios corruptos de alto rango del gobierno venezolano para asegurar el acceso al mercado cambiario oficial, que ofrecía tasas de cambio de divisas muy inferiores a las del mercado no oficial.
Desde entonces, los órganos de justicia de 31 países han abierto al menos 262 casos relacionados con la corrupción venezolana en los últimos 15 años, con 62 casos relacionados con funcionarios venezolanos corruptos investigados en Estados Unidos en 2023, según el Corruptómetro de Transparencia Internacional.
En medio de una serie de decretos durante su mandato, el presidente Donald Trump autorizó recientemente la suspensión por los próximos 180 días de la aplicación de la FCPA. La decisión argumenta que la FCPA perjudica la competitividad económica de las empresas estadounidenses frente a sus rivales internacionales.
Junto a esta resolución, el gobierno estadounidense desmanteló dos unidades encargadas de investigar la corrupción financiera relacionada con la cleptocracia en los últimos años. En su lugar, el Departamento de Justicia se enfocará en la lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales en el país.
Estos cambios han llevado a que algunos abogados de personas investigadas y acusadas de violar la FCPA soliciten la desestimación de los cargos criminales contra sus clientes acusados de corrupción, según informes del New York Times.
La suspensión de la FCPA ha generado preocupación entre organizaciones y activistas anticorrupción. Transparencia Internacional señaló que esta pausa beneficiaría a los actores empresariales corruptos que temían las persecuciones criminales de Estados Unidos.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, promulgada en 1977, fue la primera ley de este tipo en el mundo, enfocada en castigar el lavado de dinero y la corrupción financiera. Desde entonces, los gobiernos estadounidenses han tenido un papel determinante en los esfuerzos mundiales para combatir la corrupción, la delincuencia financiera y la cleptocracia.
Tanto periodistas como representantes de Transparencia Internacional coinciden en la necesidad de que otros países y organismos activen nuevos mecanismos para contrarrestar la suspensión de la FCPA. Se espera que la Unión Europea ejerza un rol más determinante y se implementen medidas como el registro de beneficiarios reales de empresas extraterritoriales, dotar de fondos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y aumentar la transparencia en los paraísos fiscales.
En conclusión, la suspensión de la FCPA representa un retroceso en la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Es fundamental que se implementen medidas alternativas para seguir combatiendo este flagelo y garantizar la transparencia y la integridad en las relaciones comerciales y financieras a nivel global.
Esta entrada ha sido publicada el febrero 26, 2025 5:30 am
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