Conatel revoca concesión a SuperCable por violación de derechos a usuarios.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revocó los títulos administrativos que permitían a SuperCable ALK Internacional S.A. operar en el país, debido a reiteradas violaciones a los derechos de los usuarios. La decisión, anunciada este viernes 14 de marzo de 2025, obliga a la empresa a cesar sus operaciones en un plazo de 60 días.
Según el comunicado oficial de Conatel, SuperCable suspendió sus servicios de telecomunicaciones sin previo aviso al ente regulador ni a sus abonados, afectando gravemente el derecho a la información y comunicación de los mismos. Esta acción unilateral motivó el inicio de un proceso administrativo que culminó con la revocación de la concesión.
Conatel: Período de transición y derechos de los usuarios
Con el objetivo de minimizar el impacto para los usuarios, Conatel ha establecido un período de transición de 60 días. Durante este tiempo, SuperCable deberá mantener sus operaciones exclusivamente para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la migración de sus abonados a otros proveedores autorizados.
Conatel insta a los usuarios afectados a iniciar el proceso de migración a la brevedad posible para evitar interrupciones en sus servicios de telecomunicaciones. Asimismo, la comisión ha puesto a disposición de los usuarios diversos canales de atención para resolver dudas y brindar asesoramiento durante este proceso.
Antecedentes y justificación de la medida
La decisión de Conatel se fundamenta en el incumplimiento reiterado de la normativa vigente por parte de SuperCable.
La suspensión intempestiva de los servicios, sin previo aviso ni justificación, generó un grave perjuicio para los abonados, quienes vieron interrumpida su comunicación y acceso a la información.
Con esta medida, Conatel busca sentar un precedente y garantizar que las empresas de telecomunicaciones operen en el país cumpliendo con la ley y respetando los derechos de los usuarios, según el comunicado.
La comisión reafirmó su compromiso de velar por la calidad de los servicios y la protección de los derechos de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones.
