En un caso que ha generado gran controversia, se han revelado los nombres de 238 ciudadanos venezolanos que fueron detenidos y deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, donde permanecen recluidos en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Entre los afectados se encuentran los margariteños Luis Carlos Marcano y César Tovar, cuyos familiares han alzado su voz para exigir justicia y una pronta solución a esta situación.
Los parientes de los detenidos han emitido un llamado urgente a los gobiernos de Venezuela y El Salvador, solicitando que se inicien negociaciones para la repatriación inmediata de los margariteños y del resto de los venezolanos encarcelados.
Según denuncian, estas personas fueron trasladadas al CECOT sin haber tenido acceso a un debido proceso judicial que justificara su detención, lo que ha generado una profunda preocupación por la legalidad de las acciones y las condiciones en las que se encuentran.
El caso ha despertado inquietud no solo entre los familiares, sino también entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han señalado que el confinamiento en el CECOT podría implicar serias violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos.
«No sabemos en qué estado están, ni si están recibiendo un trato digno. Esto es una situación inhumana», expresó un familiar de uno de los margariteños afectados.
Por su parte, las autoridades venezolanas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras que el gobierno salvadoreño tampoco ha ofrecido detalles sobre los motivos de la reclusión de estos ciudadanos en el centro penitenciario.
La falta de transparencia ha intensificado las demandas de los familiares, quienes insisten en que se respeten los derechos de los detenidos y se esclarezcan las razones detrás de esta acción.
El Centro para el Confinamiento del Terrorismo, conocido por sus estrictas medidas de seguridad y su enfoque en la detención de personas vinculadas a actividades delictivas, ha sido objeto de críticas internacionales por las condiciones en las que mantiene a los reclusos.
Esto ha incrementado la preocupación entre los allegados a los venezolanos deportados, quienes temen por su integridad física y psicológica.
