DDHH sin alma: El caso de Isabel Amor en Chile.

DDHH sin alma: El caso de Isabel Amor en Chile.
Por Braulio Jatar (ETL)
En el escenario de Chile, se despliega un drama shakespeariano bajo los fríos vientos del invierno. Isabel Amor, activista destacada por los derechos humanos y defensora de la diversidad sexual, se ve confrontada por un pasado que no le pertenece. Hija de Manuel Antonio Amor Lillo, su relación familiar agridulce se ha convertido en el epicentro de su propia tragedia.
Tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende en 1973, el cirujano Amor Lillo fue designado responsable de un hospital de campaña situado en el Estadio Nacional que, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se convirtió en un notorio centro de detención y tortura. En 2024, la justicia condenó al médico a tres años de prisión, subrayando que le era imposible ignorar las detenciones y torturas ejecutadas en el recinto. Sin embargo, no se le atribuye una participación directa en estos hechos.
Apenas dos días después de haber sido nombrada directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en la región de Los Ríos, Isabel fue destituida. Su despido estuvo marcado por una controversia ligada a un borrador de entrevista para la revista Sábado de El Mercurio, donde supuestamente no asumió con suficiente firmeza la responsabilidad de su padre en los eventos delictivos por los que fue sentenciado.
Isabel Amor nunca ha ocultado sus lazos familiares ni sus convicciones personales. Durante el reportaje, aún no publicado, expresó su creencia en la versión de su padre, quien sostiene que no tuvo participación directa en los actos de tortura. Esta postura, que Isabel defiende, se basa en la coincidencia entre las afirmaciones del condenado y los hechos establecidos en su sentencia. Esta lealtad filial, seguida de su remoción del cargo, parece ser una pena adicional impuesta a la condena de su progenitor, suscitando graves cuestionamientos éticos
¿Es justo que Isabel Amor sea evaluada profesionalmente por sus vínculos familiares y sus creencias personales sobre la culpabilidad de su padre? ¿Debe alguien renunciar a su familia para desempeñar un cargo público? ¿Es posible mantener la compasión y la comprensión mientras se defienden principios de justicia inflexibles?
Este caso nos impone una vez más, reflexionar profundamente sobre nuestros principios y prácticas en materia de derechos humanos y la pendiente reconciliación que sigue siendo un importante déficit en la historia chilena.
Es crucial que nadie dude que la defensa de los derechos fundamentales no debe llevar a la deshumanización de la sociedad, ni mucho menos motivar decisiones injustas por parte del Estado. Los derechos humanos no deben ser tratados como deudas eternas, atrapados en un ciclo interminable de traspasos y reclamaciones, como si fueran parte de una cadena incesante de endosatarios.