La Fiscalía de Ecuador imputó a un ex ministro de Rafael Correa por el magnicidio de Fernando Villavicencio

La acusación se dirige contra José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, señalado por el Ministerio Público como uno de los responsables de ordenar el crimen que conmocionó a Ecuador en 2023

La Fiscalía de Ecuador imputó a un ex ministro de Rafael Correa por el magnicidio de Fernando Villavicencio

El nombre de José Serrano, ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea Nacional, vuelve a estar en el centro del huracán político en Ecuador. La Fiscalía General lo ha identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito. El Ministerio Público informó el lunes que solicitó al juez de la causa convocar al correísta a una audiencia de formulación de cargos.

Radicado en Estados Unidos, Serrano permanece detenido desde hace un par de semanas en ese país tras un incidente de tránsito, aunque su situación jurídica aún no está del todo clara. La vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, confirmó que “sigue detenido a la espera de una audiencia de migración”. Desde su arresto, el ex ministro no ha interactuado en sus redes sociales y tampoco se conoce algún pronunciamiento oficial de sus abogados.

La Fiscalía asegura que su solicitud se apoya en una “minuciosa investigación respaldada en sólidos elementos” que permiten presumir la participación de Serrano y otros tres implicados como autores intelectuales. Junto al ex ministro, también fueron señalados el empresario ecuatoriano Xavier Jordán —residente en Estados Unidos—, Ronny Aleaga, ex asambleísta correísta que estaría prófugo en Venezuela, y Daniel Salcedo, un empresario ya condenado en Ecuador por corrupción.

El magnicidio se produjo en un ambiente en el que Villavicencio había denunciado reiteradamente vínculos entre el poder político y el crimen organizado

, lo que conllevó a la prisión de ex ministros y altos funcionarios del gobierno de Correa; incluso, Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un caso de corrupción.

Fotografía de archivo del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador) (EFE/ STR)

Muchos de los procesados por el magnicidio de Villavicencio han sido ya sentenciados. En julio de 2024, cinco autores materiales fueron condenados—siete de ellos colombianos—y posteriormente asesinados en cárceles de Ecuador. De este modo, la Fiscalía ahora apunta a quienes podrían haber ordenado el crimen.

Cabe agregar que el caso se vincula con otras tramas complejas de corrupción: Daniel Salcedo ya ha sido parte del caso “Metástasis”, donde ofreció sobornos a jueces, y también involucrado en el episodio del video que atribuía responsabilidad a la banda criminal “Los Lobos”, intento de manipular la percepción pública, según acusación fiscal.

En mayo de 2025, ya se había conocido un requerimiento fiscal que mencionaba a Serrano, Aleaga, Jordán y otros como posibles autores intelectuales del crimen, en una investigación abierta desde octubre de 2023 por la Fiscalía. Inclusive, el ex presidente Jorge Glas también fue señalado en ese momento, aunque luego quedó fuera de esta nueva ronda de imputaciones.

Serrano ha rechazado las acusaciones y las calificó como un “burdo montaje”. En un comunicado en su cuenta de X, insinuó que están tras él “sectores del Estado infiltrados por el crimen organizado, entre los cuales se encuentra un grupo financiero y un socio comercial de Salcedo”.

La acusación del Ministerio Público marca un punto de inflexión: si la justicia ecuatoriana logra probar estos cargos en los acusados intelectuales, podría significar una revancha contra impunidades de alta envergadura, un avance dramático en la búsqueda de verdad y justicia.

De confirmarse, estos procesos podrían modificar el corso político en Ecuador y enviar un mensaje claro: ni poder, ni influencia, ni gobiernos pasados pueden quedar por encima del principio de rendición de cuentas.