Chile: Representantes de trabajadores migrantes llevan su reclamo a seis organismos del Estado y al sistema internacional por negativa de AFP a devolver fondos

Por Reporte Confidencial Santiago de Chile | 10 de diciembre de 2025

En un video difundido este miércoles, Braulio Jatar Alonso y Anngy Rojas, representantes del equipo jurídico que encabeza la defensa de cientos de trabajadores migrantes —principalmente venezolanos— afectados por la negativa de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a restituir los recursos que les pertenecen por ley, revelaron una serie de gestiones inéditas que van “mucho más allá de las vías tradicionales” ante AFP, Superintendencia y tribunales.

1. Gestiones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Jatar y Rojas confirmaron que en noviembre acudieron formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo, donde fueron recibidos, exponiendo las irregularidades, obstáculos administrativos y prácticas que consideran contrarias a los convenios internacionales ratificados por Chile.
Según señalaron, este 10 de diciembre, desde la OIT se habría despachado una comunicación oficial dirigida al Subsecretario de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, solicitando antecedentes y acciones respecto de la situación denunciada.

2. Presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores

Ambos  profesionales  acudieron también ante la Cancillería chilena, solicitando la creación de un mecanismo excepcional que permita a trabajadores venezolanos —cuyas relaciones consulares con su país de origen se encuentran interrumpidas por decisión del gobierno de Gabriel Boric respecto al régimen de Nicolás Maduro— acceder a soluciones que les permitan recuperar sus fondos previsionales, hoy retenidos pese a que la propiedad de esos recursos les corresponde íntegramente.

3. Acción ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

Los representantes jurídicos solicitaron al INDH que asuma un rol activo en la protección de los trabajadores migrantes, invocando los tratados internacionales ratificados por Chile que garantizan el derecho a la propiedad

4. Requerimiento ante la Contraloría General de la República

Según lo informado, el equipo elevó una presentación ante la Contraloría General de la República, cuestionando que la Superintendencia de Pensiones habría emitido criterios e instructivos que, en su opinión, exceden sus atribuciones legales y terminan alineándose con las AFP para mantener un cierre administrativo que impide la entrega de fondos que “no son de las AFP, sino de los trabajadores”.

5. Oficio ante el Servicio Nacional de Migraciones

Jatar y Rojas solicitaron al Servicio Nacional de Migraciones que evalúe la creación de un instrumento administrativo o normativo que permita a los trabajadores extranjeros —especialmente aquellos sin representación consular— cumplir los trámites exigidos para solicitar la devolución de sus ahorros previsionales.

“Es una lucha hasta el final”: Jatar reafirma que el equipo continuará todas las gestiones necesarias

Durante la declaración, Braulio Jatar Alonso reiteró que esta batalla jurídica “es hasta el final, igual que en Venezuela”, insistiendo en que las AFP deben entregar todos los recursos que pertenecen a los trabajadores migrantes, quienes acumulan cientos de millones de dólares en fondos retenidos.
Jatar subrayó que los recursos están siendo “ilegalmente negados” mediante barreras administrativas y decisiones discrecionales que afectan de forma desproporcionada a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos.

Seis organismos activados y un mensaje claro: la propiedad de los fondos es inviolable

En total, las gestiones realizadas abarcan seis instituciones:

1. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
2. Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Subsecretaría de Previsión Social, vía OIT)
3. Ministerio de Relaciones Exteriores
4. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
5. Contraloría General de la República
6. Servicio Nacional de Migraciones

El equipo profesional sostuvo que este despliegue institucional busca restablecer la legalidad, proteger los derechos fundamentales y asegurar que las AFP cumplan con la obligación de devolver los fondos previsionales a quienes los generaron mediante su trabajo.