El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció el martes su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a «homicidas, violadores y terroristas», en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaron de cometer «crímenes de lesa humanidad» en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.

«La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», indica el texto aprobado por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de ser radicado.

El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

La enmienda elimina la prohibición de «penas perpetuas». Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

Con ello se busca que los criminales «no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre», dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.

Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la «guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene», en referencia a los pandilleros.

La reforma fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.

– «Pozos humanos» –

Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. «Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte», subrayó una declaración de la Presidencia.

Según el World Prison Brief (WPB), con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.

El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos.

La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto bajo ese régimen, sin juicio, y que 94% de ellos «no tenían perfil de pandilleros».

En el marco del estado de excepción también se desarrollan juicios masivos, en los cuales los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera.

El gobierno sostiene que allí las penas se determinan de acuerdo con el grado de responsabilidad, pero de momento no está claro si la reforma será retroactiva o qué impacto tendrá en esos procesos.

«Los centros penales se van a convertir en pozos humanos», dijo a la AFP la abogada penalista Roxana Cardona, quien advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.

– «Bufetes» del «crimen» –

Hace una semana, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los «crímenes de lesa humanidad» del gobierno abarcan «tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos».

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en «desaparición forzada» a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.

En su discurso en el Congreso, el ministro Villatoro arremetió contra las oenegés. «Son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad», dijo.

«Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara», agregó.

En los últimos días, Bukele acusó a las organizaciones de derechos humanos de ser «bufetes legales internacionales del crimen».

Su modelo de seguridad acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que controlaban ciudades, asesinaban y extorsionaban.

Amnistía Internacional, HRW y otras oenegés internacionales y salvadoreñas aseguran que el régimen de excepción se ha usado también para silenciar a los defensores de derechos humanos y a voces críticas, ahora en el exilio.