SOS Orinoco exige transparencia y protección a la población civil ante la situación en el Arco Minero

La organización SOS Orinoco publicó la mañana de este miércoles, 10 de junio, una especie de balance respecto a la situación que se registra en la zona minera de Las Claritas, estado Bolívar, donde según reportes se ha llevado a cabo un operativo militar que ha provocado enfrentamientos con grupos armados ilegales y desplazamientos masivos.

SOS Orinoco exige transparencia y protección a la población civil ante la situación en el Arco Minero

Al respecto, SOS Orinoco exigió al gobierno nacional que proporcione información oficial sobre lo que sucede, además de proteger a la población civil.

Además, la ONG dijo que hasta ahora ha podido verificar que la situación crítica se concentra entre el kilómetro 33 y el kilómetro 33 de Las Claritas, municipio Sifontes. Pero, aclaró que la evidencia disponible no permite asegurar que se trate de un despliegue masivo en todo el municipio.

Añadió que los informes verificados también confirman una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), principalmente basada en el sobrevuelo de helicópteros armados en el área de Las Brisas y los alrededores, sin información clara sobre la presencia de uniformados en tierra.

Esta ofensiva está dirigida, según la ONG en contra de líderes mineros armados, específicamente en contra de una banda liderada por alias ‘Juancho’, cuyo nombre real es Juan Gabriel Rivas Núñez, según un perfilamiento de este «sindicato» realizado por InSight Crime.

Es de precisar que en el contexto del Arco Minero del Orinoco, organizaciones delictivas se autodenominan «sindicatos», pero lejos de ser verdaderas organizaciones laborales, en realidad se trata de estructuras de crimen organizado que actúan de manera similar a los grupos del narcotráfico en cuanto a las disputas por el control del territorio, el sometimiento armado de la población civil y un amplio e irrestricto control territorial con complicidad de autoridades locales. Estos denominados «sindicatos» también han sido vinculados a los métodos de extorsión conocidos como «vacunas» a comerciantes y habitantes.

Campo abierto para la desinformación en las redes sociales

Ante el operativo actual en Las Claritas, SOS Orinoco advirtió que está circulando una gran cantidad de información falsa, incluyendo videos antiguos y material procedente de otros países.

En efecto, los hechos de los últimos dos días han sido objeto de todo tipo de especulaciones, además de la difusión de contenido que no se ajusta con la realidad, como por ejemplo, las informaciones de que había un operativo protagonizado por tropas estadounidenses, una información abiertamente falsa.

10 años de masacres e incidentes mineros tras el decreto del Arco Minero del Orinoco

En otro orden de ideas, SOS Orinoco responsabilizó al gobierno venezolano de crear un entorno de ecocidio y criminalidad en los estados del sur del país tras el lanzamiento del Arco Minero del Orinoco en 2016.

En el área involucrada se han registrado múltiples episodios de violencia como la recordada masacre de Tumeremo en marzo de 2016, ocurrida apenas unas semanas después del del decreto del Arco Minero.

Además, la zona es escenario frecuentes de emergencias que han dejado decenas de muertos debido a los constantes derrumbes e inundaciones en las minas.

«Este conflicto no es un incidente aislado. Es el resultado directo de un modelo de gobernanza criminal deliberadamente promovido y tolerado durante años por el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodriguez, un ecosistema que hemos documentado extensamente desde la creación ilegal del Arco Minero», dijo Sos Orinoco.

Y reiteró que el origen es que en 2016, «el régimen decretó el Arco Minero del Orinoco, que su supone «más de 111.000 km² entregados sin aprobación de la Asamblea Nacional, sin consulta previa con las comunidades afectadas y sin estudios de impacto ambiental o social».

«Esta decisión abrió la puerta a la minería ilegal, grupos armados y destrucción ambiental. La presencia de grupos armados irregulares y uniones criminales ‘sindicatos’ en Bolívar no ocurrió por casualidad. Surge de un sistema de control territorial construido con complicidad estatal en múltiples niveles», añadió la ONG.

Asimismo, indicó que la operación actual se centra en áreas altamente estratégicas (Las Brisas – Las Cristinas) «una región con vastas reservas de oro y cobre y una larga historia de disputas legales internacionales. Esto sugiere fuertes presiones políticas y económicas para recuperar el control territorial«.

Ahora bien, dijo que el principal riesgo es que el despliegue actual mantenga un enfoque puramente militar, sin una estrategia integral, lo que podría desencadenar el desplazamiento masivo de miles de mineros y sus familias, un mayor deterioro de la crisis humanitaria y violencia que afecte a civiles inocentes

«La minería ilegal en Bolívar es un problema complejo que no se puede resolver solo con fuerza bruta. Requiere planificación territorial seria, formalización de mineros artesanales, atención social genuina y restauración ambiental«, expuso.

En consecuencia, SOS Orinoco exige «transparencia total sobre la operación militar en curso, protección inmediata y efectiva para la población civil y una estrategia real, basada en derechos, que aborde las causas raíz».

«Tras años de monitoreo en terreno, una conclusión es clara: El sur de Venezuela no puede estabilizarse sin desmantelar el modelo mafioso que alimentó la extracción ilegal y las estructuras armadas», finalizó.